Una muerte bajo custodia y diez horas de silencio
A dos meses del hecho, su familia denuncia violencia policial, una prolongada agonía sin asistencia médica y posibles maniobras de encubrimiento. La investigación aún debe explicar qué ocurrió durante las diez horas que Mauro permaneció bajo control exclusivo del Estado y si fueron vulnerados derechos fundamentales protegidos por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos.
Radio LT10
“El dolor de una familia que aún espera saber qué ocurrió con Mauro desde el momento en que fue detenido hasta su muerte bajo custodia.”
Doce horas bajo custodia del Estado
A dos meses de la muerte de Mauro Daniel González bajo custodia policial en la Comisaría 8ª de Santa Fe, su familia sigue esperando respuestas. Testigos relatan golpes durante su detención y traslado. Doce horas bajo control del Estado que aún deben ser explicadas.
La muerte de Mauro Daniel González bajo custodia policial en la Seccional 8ª de la ciudad de Santa Fe plantea una pregunta que el sistema institucional aún no ha respondido: qué ocurrió realmente entre su detención y su muerte.
Testigos presenciales relataron que Mauro fue detenido con vida frente a su domicilio y que durante su aprehensión y traslado habría sufrido golpes y tormentos por parte de efectivos policiales. Esos testimonios describen una violencia que, según la investigación en curso, se habría extendido durante distintos momentos del traslado.
Horas después, Mauro se encontraba dentro de una dependencia policial, esposado, deteriorado físicamente y bajo control exclusivo del Estado.
La autopsia determinó un mecanismo médico de muerte, pero el examen forense también constató lesiones vitales, signos de violencia y traumatismos que obligan a analizar la relación entre los apremios denunciados y el desenlace.
Entre la detención y la constatación del fallecimiento transcurrieron aproximadamente diez horas dentro de la seccional policial. Diez horas en las que Mauro habría permanecido en condiciones que hoy generan una inquietante sospecha: agonía prolongada, sin asistencia médica efectiva y sin intervención oportuna de quienes tenían el deber de custodiarlo y proteger su vida.
Ese lapso es hoy el centro del problema institucional.
En cualquier Estado de Derecho, cuando una persona privada de libertad sufre violencia, deterioro físico y finalmente muere bajo custodia estatal, la investigación no puede limitarse al mecanismo fisiológico de la muerte.
Debe reconstruir la totalidad de la secuencia:
la detención, los golpes denunciados, las condiciones de traslado, el estado físico del detenido al ingresar a la dependencia policial, su permanencia dentro de la seccional y las decisiones –o la ausencia de ellas– que pudieron haber agravado o consumado el desenlace.
La muerte de una persona bajo custodia estatal no es un incidente administrativo.
Es una posible violación grave de derechos fundamentales: el derecho a la vida, a la integridad personal y a no ser sometido a torturas ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Y también plantea otra cuestión que empieza a preocupar a la familia y a la sociedad santafesina: si, además de la violencia denunciada, existieron conductas orientadas a encubrir lo ocurrido o a diluir responsabilidades dentro del propio sistema estatal.
Cuando alguien entra con vida bajo custodia policial y horas después aparece muerto, la explicación debe ser completa.
Porque en estos casos el problema no es sólo cómo murió.
El problema es todo lo que ocurrió antes.