El atril no reemplaza a la Constitución

La vocera del Gobierno de Santa Fe no criticó solo un fallo. Usó la comunicación oficial para señalar a una jueza penal. No es un episodio aislado: es parte de una línea política que confunde seguridad con disciplinamiento institucional.

La noticia oficial del Gobierno de Santa Fe eligió una frase impropia de una comunicación institucional: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”. No fue una opinión lanzada al paso. Fue el Estado hablando desde su propio atril contra una decisión judicial.

Ese es el problema.

Una cosa es que el Poder Ejecutivo discrepe con un fallo. Puede hacerlo. Puede recurrir. Puede promover reformas. Puede explicar públicamente su posición. Lo que no puede hacer, sin degradar la calidad institucional, es usar la vocería oficial para señalar a una jueza penal de primera instancia como si el control judicial fuera una molestia.

El Poder Ejecutivo no revisa sentencias. Para eso existen los recursos, las cámaras y los tribunales superiores. Cuando el gobierno sustituye el argumento jurídico por la frase efectista, la discusión deja de ser jurídica y pasa a ser política.

Y no cualquier política: una política de presión.

Esta línea no empezó ahora. Empezó hace cinco años, cuando Maximiliano Pullaro todavía era diputado provincial y ya construía su candidatura a gobernador. En aquel momento el blanco fui yo. Después vinieron otros: empleados públicos provinciales, docentes, padres intimados ilegalmente, abogados que ejercieron defensas incómodas y ahora jueces que resuelven contra la expectativa oficial.

Lo vimos cuando defendí a los padres de un menor frente a intimaciones ilegales derivadas de las bromas escolares con mensajes de “bomba”. En aquel momento, el debate debió ser jurídico: competencia, legalidad, debido proceso y límites del Estado frente a familias y menores. Pero la respuesta fue otra. Georgina Orciani, actual funcionaria del Ministerio de Seguridad de Pablo Cococcioni, me atacó por ejercer esa defensa técnica. No discutió el abuso estatal denunciado. Señaló al abogado.

Ese episodio importa porque muestra la matriz completa: el poder político intimida, funcionarios del área de seguridad acompañan el señalamiento, ciertos medios amplifican y quien invoca garantías queda presentado como obstáculo.

Cambian los casos. El método permanece.

Primero se elige un caso sensible. Después se instala indignación. Luego se identifica un responsable. Finalmente se presenta cualquier límite jurídico como una traba para la seguridad.

Ese reflejo es profundamente inquisitorial.

Porque en un Estado constitucional, las garantías no son una concesión sentimental. Son reglas de poder. Existen precisamente para impedir que el gobierno, aun con apoyo social y discurso de orden, avance sobre jueces, abogados, empleados públicos o ciudadanos que no se alinean.

A esa presión institucional se suma una maquinaria comunicacional cada vez más visible. La pauta oficial, cuando alcanza cifras extraordinarias y se distribuye entre grandes medios provinciales y nacionales, deja de ser un dato administrativo menor. Debe ser observada como parte del sistema de construcción de relato, blindaje político y amplificación selectiva.

No se trata de negar la legalidad de la publicidad oficial. Se trata de advertir su uso político cuando la comunicación estatal deja de informar actos de gobierno y empieza a funcionar como dispositivo de legitimación, castigo y alineamiento.

Así se construye poder.

Primero se disciplina hacia adentro: empleados públicos, docentes, agentes estatales, funcionarios menores.

Después se disciplina hacia los bordes: abogados, padres, ciudadanos que resisten.

Finalmente se avanza sobre el núcleo más delicado: jueces que no resuelven como el Ejecutivo espera.

La seguridad pública no se construye debilitando jueces. Tampoco estigmatizando abogados. Mucho menos convirtiendo cada conflicto en una escena de propaganda.

Se construye investigando bien, probando mejor y respetando límites.

Incluso cuando esos límites incomodan.

Sobre todo cuando incomodan.

Cuando una vocera oficial habla, no habla como una ciudadana indignada. Habla con poder estatal. Y cuando ese poder se usa para marcar jueces, abogados o empleados públicos, el mensaje es claro: no controles demasiado, no defiendas demasiado, no decidas contra el clima dominante.

Eso no es seguridad.

Es alineamiento.

Y un gobierno que necesita disciplinar para gobernar no está mostrando fortaleza institucional. Está mostrando algo bastante más serio: que le molesta el control.