25 de Mayo: la libertad también se pierde por partes
No escribo como opositor político. Escribo desde mi independencia profesional, como abogado penalista, ex defensor público y juez penal, para advertir un riesgo republicano: cuando el poder pide más facultades, menos controles y más excepciones en nombre de la seguridad, la libertad empieza a retroceder.

Plaza principal de Santa Fe. Iglesia de los Milagros. Colegio Jesuita. Cabildo.
La libertad no siempre se pierde de golpe. A veces retrocede por acumulación de excepciones: más poder estatal, menos juez previo, defensa más tardía y garantías convertidas en revisión posterior.
25 de Mayo: la libertad también se pierde por partes
No escribo como opositor político. Escribo desde mi independencia profesional, como abogado penalista, ex defensor y ex juez, para advertir un riesgo republicano: cuando el poder pide más facultades, menos controles y más excepciones en nombre de la seguridad, la libertad empieza a retroceder.
El Estado debe combatir el delito, pero dentro del Derecho.
No soy garantista ni punitivista. Soy liberal y humanista.
No defendemos privilegios. Defendemos límites.
El 25 de Mayo no debería servir solamente para repetir fórmulas patrióticas, izar una bandera o cumplir con la liturgia cívica mínima. Debería servir para recordar algo mucho más exigente: la libertad no se conserva por inercia. Se defiende cada vez que el poder público pide más facultades, menos controles y más obediencia.
La libertad rara vez se pierde de una sola vez. Muchas veces se pierde por partes. Un poco más de poder policial. Un poco más de poder fiscal. Un poco menos de juez previo. Un poco menos de defensa efectiva. Un poco más de control posterior. Un poco más de excepción. Así, sin grandes estruendos, la libertad empieza a retroceder mientras el lenguaje oficial habla de seguridad, eficacia, herramientas y modernización.
No escribo esto como opositor político. No lo soy. No represento a ningún partido, bloque, armado electoral ni interés partidario. Escribo desde mi independencia profesional, como abogado penalista, ex defensor y ex juez, para ejercer un control que en una República no debería resultar incómodo: el control de los principios republicanos, de la calidad institucional y de los límites constitucionales al poder.
Santa Fe discute por estos días una reforma penal que no puede ser leída como una simple caja de herramientas contra el delito. El proyecto impulsado desde el Ministerio de Justicia y Seguridad modifica instituciones sensibles del proceso penal, del régimen penitenciario, de inteligencia, de recompensas, de actuación policial y del régimen contravencional. Su matriz es clara: más poder operativo, más actuación inmediata, más control tardío y una defensa cada vez más posterior.
El problema no es que el Estado quiera combatir el delito. Debe hacerlo. Sería absurdo negar la gravedad de la violencia, del narcotráfico, del crimen organizado y del deterioro de la seguridad pública. Pero precisamente porque el problema es grave, la respuesta no puede ser jurídicamente infantil. La seguridad pública no autoriza cualquier método. La eficacia no puede convertirse en cheque en blanco.
Cuando una reforma habilita interrogatorios policiales, declaración del imputado con defensor “en lo posible”, prueba irregular validable, allanamientos con control posterior, restricciones por decreto fiscal, condenas por decreto y zonas de intervención policial especial, la discusión deja de ser meramente técnica. Se vuelve constitucional. Se vuelve republicana. Se vuelve una discusión sobre la libertad.
El viejo método inquisitivo no siempre vuelve con las formas del pasado. No necesita expediente colonial, sotana ni tribunal oscuro. Puede volver con firma digital, lenguaje ministerial y palabras prolijas. No elimina al defensor: lo vuelve posible. No suprime al juez: lo posterga. No deroga la Constitución: la rodea. No niega las garantías: las transforma en remedios posteriores. Esa es su sofisticación. Y también su peligro.
La independencia que se conmemora el 25 de Mayo no fue una autorización para cambiar de obediencia. Fue una afirmación política y moral frente al poder. Por eso, honrar la independencia no significa aplaudir cada ampliación de facultades estatales ni confundir seguridad con sumisión. Honrar la independencia exige preguntar, cada vez que el Estado pide más poder: quién lo controla, con qué límites, bajo qué prueba, ante qué juez y con qué defensa.
Mi posición es clara: no soy garantista ni punitivista. Soy liberal y humanista. Liberal, porque el poder público debe estar limitado siempre, incluso cuando invoca seguridad, urgencia o respaldo social. Humanista, porque ninguna persona puede ser reducida a sospecha, enemigo, expediente, estadística o material de escarmiento.
El Estado debe investigar, acusar y sancionar cuando corresponde. Pero debe hacerlo dentro del Derecho. Fuera de esos límites no hay justicia. Hay poder desnudo.
La libertad no se defiende solamente frente a dictaduras declaradas o abusos evidentes. También se defiende frente a reformas que parecen técnicas, frente a excepciones que parecen razonables, frente a controles que llegan tarde y frente a silencios políticos que permiten que el poder avance sin resistencia real.
En una provincia donde la oposición aparece debilitada, dispersa o casi inexistente, el control republicano no puede desaparecer. Si las instituciones políticas no discuten con la profundidad necesaria una reforma que altera el equilibrio del proceso penal, la sociedad civil, los abogados independientes, los colegios profesionales, la academia y el periodismo serio tienen la obligación de mirar donde otros prefieren no mirar.
No se trata de hacer oposición partidaria. Se trata de defender la calidad institucional.
No se trata de negar la inseguridad. Se trata de impedir que la inseguridad sea usada como coartada para degradar garantías.
No se trata de proteger privilegios. Se trata de recordar que la libertad de todos depende de los límites que se le imponen al poder, incluso cuando ese poder dice actuar por buenas razones.
El 25 de Mayo debería recordarnos eso: la independencia no se honra obedeciendo al poder, sino controlándolo.
Santa Fe no necesita menos garantías. Necesita mejores investigaciones. No necesita jueces decorativos. Necesita control judicial real. No necesita defensa posterior. Necesita defensa efectiva. No necesita un proceso penal más cómodo para el Estado. Necesita un proceso penal más confiable para la sociedad y más respetuoso de la Constitución.
La libertad también se pierde por partes. Y cuando se la pierde en nombre de la seguridad, suele ser demasiado tarde para descubrir que el problema no eran las garantías, sino el poder sin control.
No defendemos privilegios. Defendemos límites.
Frente al inquisitivismo estatal, la respuesta debe ser Derecho.
Rodolfo Mingarini
Abogado
Mingarini Studio
