El Estado financia la defensa de los imputados. La familia sigue esperando respuestas.
Si la Provincia cuenta con un Servicio Público de la Defensa Penal para garantizar el derecho constitucional de defensa, ¿por qué decide afrontar con recursos públicos defensas particulares? Y, sobre todo, ¿por qué esa misma celeridad no aparece cuando se trata de esclarecer una muerte ocurrida bajo custodia policial?
Captura de pantalla – Aire de Santa Fe.
La rapidez para proteger a los imputados contrasta con la demora para explicar una muerte ocurrida bajo custodia estatal. También así se expresan las prioridades de un gobierno.
La decisión del Gobierno de Santa Fe de financiar la defensa de los policías imputados por la muerte de Mauro Daniel González abre un debate que trasciende el proceso penal: la igualdad de trato entre quienes son investigados y quienes esperan verdad y justicia.
La decisión del Gobierno de Santa Fe de afrontar la defensa de los policías imputados por la muerte de Mauro Daniel González merece una reflexión que excede el caso concreto.
Nadie discute el derecho de defensa. Es una garantía constitucional que debe respetarse sin excepciones.
Lo que sí corresponde preguntar es por qué el propio Estado decide destinar recursos públicos para financiar defensas particulares cuando existe un Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, integrado por defensores cuya función constitucional es, precisamente, garantizar ese derecho.
La pregunta es inevitable.
¿El Poder Ejecutivo no confía en el mismo sistema procesal penal que impulsó y reformó?
Pero existe una cuestión todavía más profunda.
Mientras el Gobierno anuncia con rapidez una decisión destinada a proteger jurídicamente a los imputados, la familia de Mauro González continúa esperando respuestas sobre una muerte ocurrida bajo custodia policial.
Mauro fue detenido con vida.
Testigos relatan golpes durante su aprehensión y traslado.
Horas después murió bajo control exclusivo del Estado.
Han transcurrido más de dos meses y medio y la investigación todavía no ha logrado reconstruir completamente qué ocurrió durante ese lapso, ni explicar la secuencia de violencia denunciada, las condiciones de custodia ni las decisiones adoptadas frente al progresivo deterioro físico de la víctima.
Las prioridades de un gobierno también se reflejan en las decisiones que adopta.
Es legítimo garantizar el derecho de defensa de quienes son investigados.
Pero también lo es preguntarse por qué la misma celeridad no aparece cuando se trata de esclarecer una muerte bajo custodia estatal o de acompañar a una familia que perdió un hijo, un hermano y el padre de cinco niños.
Un Estado de Derecho se fortalece cuando protege simultáneamente las garantías de los imputados y los derechos de las víctimas.
Cuando una de esas obligaciones avanza con rapidez y la otra permanece inmóvil, la confianza pública inevitablemente comienza a deteriorarse.
La discusión no es sobre el derecho de defensa.
La discusión es sobre las prioridades del Estado.