Coraje tardío

Rafael Gutiérrez dijo lo correcto: las decisiones judiciales no se recurren por los medios, sino por las vías legales y procesales. El problema es que esa regla elemental no siempre fue defendida con la misma firmeza cuando el costo institucional era más alto.

Rafael Gutiérrez dijo algo elemental: las decisiones de los jueces no deben recurrirse por los medios, sino por las vías legales y procesales.
Tiene razón.
Según publicó El Litoral, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe cuestionó la reacción del gobierno provincial frente a la resolución de una jueza de Menores de Rosario y sostuvo que, si una magistrada resolvió en primera instancia, las partes interesadas tienen la apelación para formular sus objeciones. Incluso remató con una frase precisa: “eso, normalmente, es en un estado de derecho”.
La afirmación es correcta.
El problema es que algunos descubrimientos institucionales llegan tarde.
Quienes ya atravesamos el costo de decisiones judiciales convertidas en blanco político sabemos que esa regla no siempre fue defendida con la misma energía. En mi caso, cuando todavía había tiempo de sostener la independencia judicial frente al avance del poder, el coraje institucional brilló por su ausencia.
Veinticuatro horas antes, todo cambió.
Cambió un voto. Cambió una posición. Cambió el destino de un juez. Y el mensaje fue claro: cuando el clima político aprieta, algunos prefieren sobrevivir antes que sostener principios.
Por eso celebro que ahora se diga lo que corresponde. Pero no puedo dejar de señalar la ironía.
Parece que Rafael Gutiérrez encontró un poco de coraje.
Bienvenido sea.
Ojalá alcance para algo más que una frase ante los medios. Porque la independencia judicial no se defiende solo cuando el costo es bajo, cuando el ciclo personal está cerca del cierre o cuando el poder político de turno empieza a incomodar también a quienes antes callaron.
Se defiende cuando hay que pagar precio.
Ahí se sabe quién cree realmente en el Estado de Derecho y quién solo lo invoca cuando le resulta conveniente.
El punto no es personal, aunque la experiencia personal permite reconocer el método.
Cuando una decisión judicial incomoda al poder, el sistema debe responder con reglas, no con operaciones. Con recursos, no con escraches. Con control institucional, no con disciplinamiento.
Eso vale para una jueza de Menores. Vale para cualquier juez penal. Vale para cualquier magistrado que resuelva conforme a derecho, aunque su decisión resulte incómoda para el gobierno, para los medios o para el clima dominante.
La independencia judicial no es una frase ceremonial.
Es una garantía concreta.
Y como toda garantía, solo se comprueba cuando molesta.
Por eso, si el presidente de la Corte decidió ahora recordar que los fallos se discuten en los tribunales y no en los medios, corresponde tomarle la palabra.
Pero también corresponde recordar algo más: esa regla debió defenderse siempre.
No solo ahora.
No solo frente a este gobierno.
No solo cuando el costo parece menor.
Siempre.