Mauro Daniel González: lo que el Estado provincial todavía no explica

A dos meses y medio del hecho, lo que sigue sin explicarse no es el resultado, sino la secuencia: la violencia previa, las horas de encierro bajo control estatal y la ausencia de asistencia frente a un cuadro de deterioro que no podía pasar inadvertido.

A dos meses y medio de la muerte de Mauro Daniel González en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, la investigación sigue sin reconstruir de manera completa lo ocurrido.

Mauro fue detenido con vida frente a su domicilio. Existen testimonios directos que describen golpes durante la aprehensión y a lo largo del traslado, en distintos puntos del recorrido. No se trata de un único episodio, sino de una secuencia de violencia que se proyecta en el tiempo hasta su ingreso a la dependencia policial.

Horas después, murió bajo custodia.

Entre la detención y la constatación del fallecimiento transcurrieron aproximadamente doce horas dentro de una comisaría. Doce horas bajo control exclusivo del Estado. Ese lapso, que debería estar minuciosamente explicado, es hoy el núcleo más oscuro del caso.

La autopsia determinó un mecanismo de muerte, pero también constató lesiones que, leídas en conjunto con los testimonios recogidos, impiden cerrar la explicación en el resultado final. Obligan, por el contrario, a indagar si Mauro fue sometido a apremios ilegales de una intensidad tal que puedan encuadrarse en prácticas de tormentos, y si esa violencia —sumada a la ausencia de asistencia— incidió en el desenlace.

También debe establecerse si durante ese período se produjeron maniobras de asfixia o sofocación, agresiones en zonas particularmente sensibles del cuerpo, y si su estado de deterioro fue advertido y, aun así, desatendido. Del mismo modo, resulta imprescindible esclarecer si la familia fue mantenida al margen mediante información inexacta, mientras Mauro permanecía incomunicado y en condiciones que exigían intervención médica urgente.

Nada de esto puede ser descartado sin una investigación independiente, exhaustiva y técnicamente orientada a reconstruir la secuencia completa de los hechos.

En una muerte bajo custodia, el Estado no tiene margen para explicaciones parciales. No alcanza con establecer cómo murió una persona. Debe explicar qué hizo mientras la tenía bajo su poder.

A la fecha, esa explicación no aparece.

No hay una hipótesis integral que articule la violencia previa con el resultado fatal. No hay imputaciones proporcionales a la gravedad de los hechos denunciados. Y no hay señales claras de que la investigación haya superado el problema estructural de que una fuerza pueda estar, directa o indirectamente, involucrada en la reconstrucción de lo ocurrido.

En ese contexto, el problema deja de ser estrictamente penal.

Pasa a ser institucional.

Porque cuando el Estado detiene a una persona, asume una posición de garante absoluto sobre su vida e integridad. Si esa persona es golpeada, deteriorada y finalmente muere bajo su custodia, la obligación de explicar no es opcional.

Es inmediata.

Este 24 de marzo se cumplerion 50 años del golpe de Estado. Medio siglo después, la democracia no puede tolerar que el ejercicio de la fuerza estatal se desarrolle en zonas grises, sin control efectivo y sin rendición de cuentas.

Cuando la violencia se despliega, la asistencia no llega y la explicación se diluye, no estamos frente a un hecho aislado.

Estamos frente a una forma de funcionamiento.

Y eso, en materia de seguridad pública, no es un error.

Es un problema político.

Rodolfo Mingarini – Abogado penalista – ex defensor público y juez penal