A 50 años del golpe, sigue pasando: una muerte bajo custodia sin explicación
Mauro Daniel González fue detenido con vida en Santa Fe. Testigos relatan golpes durante su aprehensión y traslado. Horas después murió en la Comisaría 8ª, tras permanecer aproximadamente diez horas bajo control exclusivo del Estado.
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A 50 años del golpe, una familia sigue esperando saber qué pasó con Mauro desde el momento en que fue detenido hasta su muerte bajo custodia del Estado.
A 50 años del golpe, sigue pasando
Detenido con vida. Golpeado durante el traslado. Muerto bajo custodia. A 50 años del golpe, el caso de Mauro González vuelve a poner en discusión qué ocurre cuando el Estado tiene a alguien bajo su poder.
El 24 de marzo no es sólo memoria. Es un estándar.
A 50 años del golpe de Estado de 1976, Argentina sigue sosteniendo una exigencia básica: el Estado no puede ejercer la fuerza sin control ni dejar de responder por lo que ocurre cuando tiene a una persona bajo su poder.
Sin embargo, hay hechos que obligan a preguntarse si ese estándar se cumple.
El caso de Mauro Daniel González, fallecido en la Comisaría 8ª de la ciudad de Santa Fe, vuelve a poner esa tensión en evidencia.
Mauro fue detenido con vida frente a su domicilio. Existen múltiples testigos que relatan golpes y tormentos durante su aprehensión y traslado, en distintos tramos del recorrido. No se trata de un episodio aislado, sino de una secuencia de violencia que precede a su muerte.
Horas después, Mauro estaba dentro de una dependencia policial, esposado, deteriorado físicamente y bajo custodia estatal.
La autopsia determinó un mecanismo de muerte. Pero también constató lesiones vitales, traumatismos y signos de sujeción, compatibles con los apremios denunciados.
Entre la detención y la constatación del fallecimiento transcurrieron aproximadamente diez horas dentro de la seccional policial.
Diez horas bajo control exclusivo del Estado.
Ese período concentra lo más inquietante del caso: la posibilidad de una agonía prolongada, sin asistencia médica efectiva, en condiciones de encierro y bajo custodia estatal.
El problema no es sólo la violencia inicial.
Es lo que ocurrió después.
Cuando una persona es privada de su libertad, el Estado asume una posición de garante absoluto. No puede limitarse a describir el resultado final. Debe explicar toda la secuencia.
Y esa explicación, hoy, no aparece.
No hay imputaciones proporcionales a la gravedad del hecho.No hay una reconstrucción completa de lo ocurrido. Y no se advierte la aplicación rigurosa de estándares internacionales básicos, como los Protocolos de Minnesota y Estambul.
Esto no es un problema técnico.
Es un problema de responsabilidad estatal.
A 50 años del golpe, el límite sigue siendo el mismo:
que el Estado no detenga, golpee, abandone y luego no explique.
Y cuando eso ocurre, la memoria deja de ser pasado.
Se convierte en presente.